Raymundo Barradas.
Ciudad de México.-La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga urgió a las autoridades del Gobierno Federal a instrumentar acciones para detener el robo de autotanques que transportan combustibles y que, en 2017, ascendió a 9.48 millones de litros con pérdidas por 161 millones de pesos.
La CANACAR recordó a autoridades federales que el autotransporte de carga es un eslabón fundamental en toda la cadena de creación de valor, moviendo el 80 por ciento de lo que el país consume y produce, con participación en el 3.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
El movimiento de combustibles por autotanque se ha vuelto atractivo para la delincuencia, registrándose el cierre del 2017 un total de 167 robos, de los cuales el 39 por ciento se registró en las carreteras de Veracruz, 13 por ciento en Michoacán, 9 por ciento en Puebla, 7 por ciento en Tabasco y 6 por ciento en Jalisco.
La CANACAR estima que el volumen de hidrocarburos robados asciende a 9.48 millones de litros, con un valor de 161 millones de pesos, siendo Diésel el producto de mayor incidencia con 54 por ciento de eventos, gasolina magna con 17 por ciento y Premium con 13 por ciento de los eventos.
El 53 por ciento de los eventos se registraron en los llamados “focos rojos” del tramo Coatzacoalcos-Minatitlán con un 30 por ciento, Esperanza-Córdoba con el 13 por ciento y Lázaro Cárdenas-Uruapan con el 10 por ciento.
Las pérdidas para los transportistas por el robo de equipos, de los cuales el 50 por ciento ya no se recupera, ascendió a 208 millones de pesos en 2017, que son pérdidas superiores al valor del producto robado.
Y cuando los equipos se recuperan, los transportistas padecen un calvario para que recuperen las unidades, tanto por burocratismo de la autoridad ministerial como altos costos de los servicios de grúas, 66 mil pesos por evento, tan solo por esos “servicios prestados” en 2017 desembolsaron 5.5 millones de pesos.
Reconocieron que, a finales de 2017, en coordinación con la SCT, Policía Federal y los gobiernos estatales de Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz y Tlaxcala, junto con la CONCAMIN y la ANTP, logramos acordar algunas acciones que desafortunadamente han sido insuficientes.
Y por esas razones, CANACAR hizo un llamado urgente para:
-Que se publique el Decreto que reforma el Código Penal Federal y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia de delitos carreteros, mismo que fue aprobado por el H. Congreso de la Unión en el pasado periodo ordinario de sesiones.
-Que la Secretaría de Gobernación convoque a la instalación de una mesa de trabajo de alto nivel, en la que estén representados, además del Gobierno Federal (SEGOB, SEDENA y SEMAR), los gobiernos estatales en los que se concentra el problema, Petróleos Mexicanos y los prestadores del servicio representados por CANACAR.
-Que se diseñe a corto plazo un programa de acciones específicas para ser implementadas, en principio, en los 5 estados de mayor incidencia y, de manera muy especial, en los 3 puntos que se tienen identificados de alta concentración de este delito.
-Que el Gobierno Federal, a través de la SHCP, establezca un mecanismo que compense en alguna medida la afectación económica de los transportistas del país.
