Redacción PTC.
La Paz, Baja California Sur (BCS). Mediante un proceso judicial la empresa Baja Ferries, filial de Logística Geos, espera la devolución de un pago cobrado por la Administración Portuaria Integral (API) de Pichilingue durante diez años por concepto de Acceso a Terminal Portuaria (ATP) que considera ilegal.
El director general y propietario de Baja Ferries, Mauricio Ruano, explicó que “en ningún puerto mexicano se cobra este servicio”.
Agregó que Baja Ferries lleva diez año pagando este supuesto servicio por el peso de las embarcaciones “nunca pesamos las unidades y definitivamente disfrazan un servicio de báscula”.
Destacó que los oficios de la API indican que el pagado debiera ser “a solicitud de usuario”, pero la realidad es que lo están imponiendo”.
La negación de la empresa a pagar surgió al verificar en SCT y descubrió que el cobro no era autorizado o registrado dentro de la dependencia federal. Se trata de un problema heredado desde el 2010 durante la administración de Narciso Agúndez Montaño.
“En ese momento, le comunicamos a la API que no cubriríamos el costo por ser un servicio no autorizado; recurrimos a la Comisión Federal de Competencia y a Control Interno de la SCT”, detalló.
Desde 2003 a 2010, Baja Ferries busca que API devuelva todo el dinero pagado por ese concepto, primeramente por recorrer 500 metros de muelle y después el cobro se transformó en el famoso ATP o Acceso a Terminal Portuaria.
Por lo pronto, Ruano espera el resolutivo de un juez a nivel federal de la controversia que se basa en el monto y la forma del cobro.“Desde luego creo que desde nuestra parte no nos hubiéramos metido en una controversia si no pensáramos que nos asiste la razón”, argumentó.
API ha sostenido que el peaje es legal de acuerdo con el Artículo 60 y 61 de la Ley de Puertos, y la cláusula vigésima octava del título de la concesión.
A pesar de la confrontación entre ambas entidades, Ruano ve necesaria la relación con API al considerarla complementaria: “No llegan barcos si no hay puerto o no puede haber puerto si no llegan barcos”.
Serán las instancias legales las que dirimirán las diferencias, “ya cada quien aportó las pruebas que atañen al caso”, puntualizó.
