Pedro Cruz.
Veracruz, Ver.- En días pasados, fue presentada en la Cámara de Diputados una iniciativa que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Puertos. En esencia, con dicha iniciativa de reforma se busca entregar la total administración de los puertos a la Secretaría de Marina, limitando la participación de empresas privadas.
De acuerdo con la firma de abogados Basham, el representante exclusivo de Lex Mundi en México, la red líder mundial de bufetes de abogados independientes con amplia experiencia en más de 100 países en todo el mundo, en términos generales, con esta iniciativa se pretende: eliminar el otorgamiento de concesiones a las Administraciones Portuarias Integrales (Apis) ahora denominadas Administradoras del Sistema Portuario Nacional (Asiponas).
La iniciativa también busca suprimir la posibilidad de los cesionarios y/o prestadores de servicios de constituir gravámenes en favor de terceros; elimina la responsabilidad solidaria de operadores de terminales e instalaciones en conjunto con el administrador portuario ante el Gobierno Federal.
Acorde con el artículo segundo transitorio de la iniciativa, las concesiones portuarias otorgadas estarán vigentes hasta en tanto, cumplan el término de su vigencia antes de la publicación del decreto.
La iniciativa presentada ante la Cámara de Diputados pasará a dictamen en las comisiones respectivas, una vez aprobada se discutirá en pleno y, de lograr una mayoría simple de diputados presentes, la iniciativa pasará a discusión en la Cámara de Senadores.
“Los abogados de las áreas de infraestructura y derecho administrativo quedamos a sus órdenes para cualquier cuestión que surja al respecto”, precisa en su página web el grupo de abogados agrupados en la firma Basham.
La propuesta supone regresar las APIs a la federación y eliminar las recién creadas “Asiponas” en una iniciativa que deroga y reforma unos 43 artículos de la Ley de Puertos. El diputado de Morena, Bruno Blancas Mercado, quien presentó la iniciativa, argumentó la falta de interés de las administraciones pasadas en el desarrollo portuario.
“Es necesario que el Estado retome lo que al pueblo le corresponde, lo administre y distribuya de modo en que los beneficios sean para todos. Esto es posible al entregar la administración de los puertos a la Secretaría de Marina”, advierte en el documento.
Además, culpó la desmantelación de sindicatos portuarios en 1991 para obtener acceso ilimitado a actividades productivas y permitir a la Iniciativa Privada adentrarse en los servicios a pesar de que el modelo administrativo de las Apis fue el esquema más exitoso de concesionamiento portuario en Latinoamérica e incluso aún se encuentra entre los mejores del mundo.
