Pedro Cruz
Veracruz, Ver.- El Grupo de Representantes de la Gente de Mar, logró incorporar la obligación de los empleadores marítimos de proporcionar acceso a sus tripulantes a los medios de comunicación social —incluido el acceso a Internet— en las enmiendas para actualizar el Convenio sobre el trabajo marítimo (MLC) de 2006.
Sin embargo, se sienten decepcionados por la posibilidad de que los armadores y los Gobiernos pretendan cobrar por ese acceso. El MLC es un tratado internacional diseñado para proteger los derechos de la gente de mar que ha sido ratificado por más de 100 países, que representan más del 90% de la flota mundial.
En uno de sus apartados establece que los Gobiernos, los armadores y los representantes de la gente de mar deben reunirse de forma periódica para revisar el convenio y mantenerlo actualizado. La última reunión del Comité Tripartito Especial (STC) concluyó el 13 de mayo en Ginebra con un acuerdo sobre una serie de enmiendas, entre ellas el compromiso de proporcionar una mejor conectividad social a la gente de mar.
“Durante la pandemia de COVID-19 aprendimos mucho, y eso nos ha impulsado a mejorar el MLC”, señaló Mark Dickinson, vicepresidente de la Sección de Gente de Mar de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), vicepresidente del STC y portavoz del Grupo de Representantes de la Gente de Mar.
“Trabajar en el mar durante largos periodos puede hacer que uno se sienta aislado”, comentó Dickinson, “y la falta de contacto con el mundo exterior puede tener serias repercusiones para el bienestar de la gente de mar, tal como vimos en su peor expresión durante la pandemia”, agregó.
“Poder mantener el contacto con la familia y las amistades no es solo algo deseable, sino también un derecho humano básico. Es por eso que luchamos con tanto denuedo para lograr que se proporcione acceso a Internet a la gente de mar y que se incluya una cláusula de cumplimiento obligatorio en el MLC”, abundó.
A pesar de que los buques ya cuentan con la tecnología necesaria para brindar acceso a Internet, los armadores se resistieron a este cambio. Insistían en que deberían poder limitar el acceso y cobrarle a la gente de mar por la conectividad a Internet.
El Grupo de Representantes de la Gente de Mar ejerció presión para garantizar que todo cargo que pudiera aplicarse a la gente de mar se considerara una excepción y que, en caso de imponerse cargos, estos fueran razonables. También se alentó a los Gobiernos a aumentar el acceso a Internet en los puertos y fondeaderos asociados sin costo para el personal marítimo.
