Pedro Cruz.
Ciudad de México, junio 2025. México es un país con una fuerte relación con los agroquímicos, como fertilizantes y plaguicidas, que ayudan a sostener la productividad agrícola. Estos productos son esenciales para maximizar el rendimiento de los cultivos y protegerlos de plagas y enfermedades, lo que resulta clave para la seguridad alimentaria del país.
La creciente incidencia de robos y la circulación de productos ilegales o falsificados ponen en riesgo la calidad de los alimentos, la salud de los consumidores y la competitividad del sector agrícola. El robo de agroquímicos en México es una problemática que afecta tanto la seguridad alimentaria como la economía agrícola del país. Se espera que este fenómeno se intensifique entre los meses del verano (entre mayo y septiembre) con un aumento del 43% en el riesgo de incidentes, según un análisis prospectivo basado en datos de los últimos tres años, realizado por Overhaul, líder global en gestión de riesgos en la cadena de suministro.
La problemática no se distribuye de manera uniforme en el país. El 81% de los robos se concentran en tan sólo cuatro estados:
Puebla (32%)
Guanajuato (20%)
Jalisco (20%)
Estado de México (9%)
Los robos de agroquímicos en México muestran patrones bien definidos tanto en los tipos de vehículos atacados como en los días y horarios en que ocurren. Los delincuentes suelen enfocarse en unidades pesadas, como tractocamiones (63%). Mientras que las unidades medianas (Torton/Rabón) representan el 25% de los casos y las camionetas de carga pequeñas el 10%. Además, el 80% de los incidentes se concentra de martes a viernes, con un 55% de los robos ocurriendo entre las 07:00 y las 12:00 horas, y un 17% entre las 21:00 y las 23:00 horas. Estos patrones permiten a las empresas y autoridades focalizar sus estrategias de prevención y vigilancia en los momentos y vehículos de mayor riesgo.
La regulación y el combate a la piratería de agroquímicos en México enfrentan grandes desafíos, ya que el mercado ilegal de estos insumos prolifera a través de canales informales y productos falsificados que no cumplen con las normas sanitarias ni de calidad. Muchos de estos productos se comercializan sin registro ante la COFEPRIS, carecen de etiquetado adecuado y no cuentan con certificaciones oficiales, lo que dificulta su rastreo y control.
Esta situación pone en riesgo tanto la salud de los agricultores como la de los consumidores, además de generar daños ambientales y económicos. Las autoridades y asociaciones del sector insisten en la importancia de adquirir agroquímicos únicamente en centros autorizados y verificar su legalidad en los registros oficiales, aunque la falta de vigilancia y la corrupción en algunos puntos de la cadena de distribución siguen siendo retos importantes.
El combate al robo de agroquímicos exige una coordinación estrecha entre autoridades, productores, transportistas y distribuidores, no solo para fortalecer la seguridad en rutas críticas, sino también para promover la trazabilidad, el control de los insumos agrícolas y fomentar la denuncia y la compra responsable. Este fenómeno refleja desafíos estructurales en la cadena de suministro y en la regulación del sector, cuyos impactos trascienden las pérdidas económicas y ponen en riesgo la seguridad alimentaria, la salud pública y la sostenibilidad ambiental del país.
