Por Pedro Cruz.
El senador Virgilio Mendoza Amezcua presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Derechos y crear el Fondo para Municipios Portuarios, con el propósito de establecer un derecho especial de 30 pesos por tonelada importada en los puertos del país, a fin de generar recursos que permitan a los gobiernos locales atender los impactos urbanos, ambientales y sociales derivados de la actividad portuaria.
El legislador del Partido Verde dijo que México es una nación marítima con más de 11 mil kilómetros de litoral y 27 puertos estratégicos que conectan al país con las principales rutas comerciales del mundo.
“Esta infraestructura moviliza mercancías, impulsa el comercio global y local y contribuye directamente al crecimiento económico nacional; sin embargo, los municipios portuarios asumen costos que no son compensados adecuadamente”, agregó.
Mendoza Amezcua señaló que el incremento del tráfico pesado, el desgaste acelerado de la infraestructura, el deterioro ambiental y la presión sobre los servicios públicos recaen directamente en los gobiernos locales, sin que exista un mecanismo federal de redistribución justo y proporcional al impacto generado.
Recordó su experiencia como alcalde de Manzanillo y destacó que este puerto, que cuenta con la principal aduana marítima del país y la segunda a nivel nacional, movilizó en 2024 un total de 3.5 millones de TEU’s (unidad de medida estándar para la capacidad de los contenedores de transporte marítimo), además de registrar un crecimiento récord durante el primer trimestre de 2025.
El legislador explicó que los ingresos generados por las ASIPONAS (Administración del Sistema Portuario Nacional) y las aduanas se concentran en las arcas nacionales, por lo que la propuesta busca crear un mecanismo legal que permita a los municipios portuarios contar con recursos para hacer frente a las demandas que surgen del crecimiento portuario.
Dijo que el derecho especial de 30 pesos por tonelada importada se tributaría a la federación y, se entregaría a los municipios. “No se trata de recursos de libre disposición, sino que serían administrados mediante un mecanismo plural con participación de la comunidad portuaria, la federación, el gobierno estatal y el municipio, destinándose a mitigación ambiental, equipamiento urbano y seguridad”, indicó.
El senador ecologista afirmó que la medida tendría un impacto mínimo en el costo final de los productos, pero representaría un apoyo significativo para fortalecer la infraestructura urbana y mejorar las condiciones del comercio en los municipios portuarios del país.
