Pedro Cruz.
Veracruz, Ver.- En una reunión en la que participaron gobiernos, organizaciones de trabajadores y empleadores del sector marítimo se adoptaron nuevas medidas para mejorar las condiciones de la gente de mar, incluidos los que han sido abandonados.
El Grupo mixto de trabajo tripartito de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Marítima Internacional (OMI) adoptó las directrices sobre la forma de abordar los casos de abandono de la gente de mar.
Las Directrices pretenden abordar el significativo aumento de los casos de abandono de tripulaciones notificados a la OIT, que han pasado de menos de 20 casos al año entre 2011 y 2016, a 40 en 2019, 85 en 2020, 95 en 2021 y 114 casos a mediados de diciembre de 2022.
El objetivo de las Directrices es mejorar la coordinación entre los países, incluidos los Estados de abanderamiento, los Estados rectores de puertos, los Estados de nacionalidad o residencia de la gente de mar y los Estados en los que operan los servicios de contratación y colocación, con el fin de resolver más rápidamente los casos de abandono, incluida la obtención del pago y la repatriación de la gente de mar con sus familias.
Las nuevas Directrices se basan en las normas Internacionales del Trabajo de la OIT, en particular el Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, en su versión enmendada (MLC, 2006), incluidas sus enmiendas más recientes; una anterior resolución conjunta OIT-OMI adoptada en 2001 (Resolución A.930(22)); marcos y acuerdos internacionales pertinentes de la OMI; y las tendencias y la evolución pertinentes de la legislación y la práctica regionales y nacionales.
En virtud del MLC, 2006, los Estados de abanderamiento (países en los que están registrados los buques y/o cuyo pabellón enarbolan los buques) deben garantizar la existencia de un sistema de seguridad financiera para los buques que enarbolan esos pabellones.
Las nuevas Directrices animan a los Estados de abanderamiento a verificar, al menos anualmente, la validez de esta garantía financiera. Se anima a los Estados rectores de los puertos a que presten especial atención a esta garantía financiera durante las inspecciones de los buques extranjeros que visiten sus puertos.
También se pide a los Estados en los que operan servicios de contratación y colocación que verifiquen periódicamente que dichos servicios incluyen un sistema para garantizar la protección de la gente de mar que contratan y colocan.
Las nuevas Directrices establecen los procedimientos que deben adoptar los Estados si un propietario del buque no cumple sus obligaciones de organizar y cubrir el coste de la repatriación de la gente de mar, los salarios pendientes y otros derechos contratados, y la atención de las necesidades esenciales, incluida la atención médica.
En estas circunstancias, la gente de mar son considerados casos de abandono. Estos procedimientos incluyen el desarrollo, en cooperación con las organizaciones de gente de mar y los propietarios de buques, de procedimientos operativos estándar (PON) nacionales para establecer explícitamente las responsabilidades y obligaciones de la autoridad competente y las funciones que deben desempeñar las distintas partes interesadas nacionales.
Estas partes interesadas incluyen los consejos nacionales de bienestar de la gente de mar, las agencias de transporte marítimo, las organizaciones de gente de mar y los propietarios de buques, las organizaciones de bienestar de la gente de mar, los servicios de contratación y colocación de la gente de mar, y otros.
En la reunión OIT-OMI también se debatió la importancia de la base de datos conjunta OIT-OMI relativa a la gente de mar abandonada, y la necesidad de actualizarla y mejorarla.
La primera reunión del Grupo mixto de trabajo tripartito congregó a más de 250 representantes y observadores de gobiernos y organizaciones representativas de propietarios de buques y gente de mar, para identificar y abordar los problemas de la gente de mar.
La reunión se celebró en formato híbrido en Ginebra del 13 al 15 de diciembre de 2022. Los resultados de la reunión se comunicarán al Consejo de Administración de la OIT y al Comité jurídico de la OMI en 2023.
