Raymundo Barradas.
Veracruz, Ver.- A los Gobiernos se les está acabando el tiempo para hacer las excepciones a las restricciones de viaje impuestas a raíz del COVID-19 y los trámites necesarios para los más de 200 mil marinos que aguardan para desembarcar sus buques en distintas partes del mundo y regresar a sus casas.
Desde que los Gobiernos comenzaron a introducir restricciones destinadas a detener la propagación del virus mortal, la gente de mar no ha podido bajar a tierra para descansar y relajarse, recibir tratamiento médico o regresar a casa tras finalizar su contrato. Mientras los Gobiernos echan a otros la culpa de la creciente crisis humanitaria, se está comenzando a percibir la realidad de la necesidad de que estos trabajadores y trabajadoras ejerzan su derecho de “salir de ahí”.
En una entrevista con The Financial Times, el secretario general de la ITF, Stephen Cotton, indicó que después del 16 de junio “no vamos a decirle a la gente de mar que debe permanecer a bordo. Si quieren bajar, los ayudaremos a hacerlo”. Hasta ahora, los Gobiernos, incluidos los principales “Estados de bandera” que certifican y expiden los permisos a la flota mercante y de cruceros del mundo, han alegado que se trata de un caso de “fuerza mayor”, o han clasificado la pandemia como un acto divino para suspender las reglas marítimas internacionales obligatorias y ampliar los contratos de la gente de mar.
El Secretario General de Nautilus, Mark Dickinson, indicó a un panel de alto nivel que esa excusa de los Gobiernos ya no funcionaría más. Señaló que los protocolos elaborados por los sindicatos y los empleadores, y respaldados en mayo por la Organización Marítima Internacional y la Organización Internacional del Trabajo, que forman parte de las Naciones Unidas, suponían que se había dado a los Gobiernos todas las oportunidades para resolver la crisis.
Podría haber importantes consecuencias para el transporte naviero mundial si miles de marinos se negaran a extender sus contratos de empleo y exigieran ser repatriados, sin nuevas tripulaciones que los relevaran. Muchos buques podrían no llegar a cumplir con los niveles de dotación mínimos, motivo por el cual las autoridades portuarias podrían detenerlos o por el cual dejarían de estar cubiertos por P&I. Esto sería catastrófico para las rutas comerciales a escala mundial y para los miles de millones de consumidores que dependen de ellas.