Pedro Cruz.
Ciudad de México.-Durante el primer trimestre de 2025, el robo de alimentos y bebidas en México se consolidó como el delito de carga más frecuente, representando el 34% de los incidentes reportados a nivel nacional, según el más reciente informe de Overhaul, líder global en gestión de riesgos en la cadena de suministro. Aunque este tipo de productos siempre ha sido blanco fácil para el crimen por su rápida reventa en el mercado informal, hoy este fenómeno muestra una dimensión más compleja: ya no se trata de robos aislados, sino de operaciones planeadas y sistemáticas.
El robo de alimentos y bebidas ya no es un acto aislado ni improvisado. Las redes dedicadas a este tipo de delito han evolucionado en su estructura y métodos, operan con una logística propia que les permite interceptar camiones en movimiento, coordinar ataques en horarios estratégicos y manipular sistemas de rastreo. El 62.6% de los robos se produce cuando los camiones están en movimiento, lo que evidencia la planificación y la capacidad operativa de los criminales, además, el 81% de los incidentes involucra violencia directa contra los conductores.
La incidencia de robos afecta la eficiencia y confiabilidad de la cadena logística. Cada asalto implica la interrupción de rutas, la necesidad de activar protocolos de emergencia y la reasignación de recursos para recuperar mercancías o salvaguardar la integridad de los operadores. Las empresas deben invertir en tecnología de rastreo, seguros con mayores coberturas y capacitación constante, lo que incrementa los costos de operación. Además, la posibilidad de que un camión sea asaltado en cualquier punto del trayecto obliga a modificar rutas, horarios y estrategias de entrega, generando retrasos y afectando la puntualidad en el abasto de productos.
Cada unidad robada no sólo supone una pérdida económica para las empresas transportistas o para las marcas que mueven su producto, sino que también conlleva una serie de problemas. Detrás de cada caso hay rutas alteradas, entregas que no llegan a tiempo, protocolos de emergencia activados, costos adicionales en seguros y rastreo satelital, además de la presión constante a la que se ven sometidos los operadores. Las compañías deben redirigir recursos para intentar protegerse, lo que eleva los costes logísticos y, eventualmente, repercute en el consumidor final.
Y es que el daño no solo afecta al transporte. Cuando los alimentos no llegan a sus destinos, se generan retrasos o desabastecimiento temporal en tiendas, supermercados y mercados locales. Esta situación afecta especialmente a comunidades alejadas, donde la reposición de mercancías tarda más en concretarse. Además, la incertidumbre en el abastecimiento puede hacer que los precios de los productos básicos aumenten, lo que afecta directamente a la economía familiar.
Frente a este panorama, la respuesta institucional y privada ha sido diversa, algunas empresas han mejorado sus sistemas de rastreo o han modificado sus rutas, pero el problema persiste. Las medidas correctivas no son suficientes si no van acompañadas de una estrategia integral que incluya la prevención del delito, el fortalecimiento de la inteligencia, el apoyo a los operadores y una colaboración más efectiva entre las autoridades, el sector logístico y las aseguradoras.
